NOTA DE PRENSA
30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Desapariciones forzadas, una terrible realidad aún en América
En América, las desapariciones forzadas no son simplemente un legado del oscuro pasado de gobiernos autoritarios de las décadas de 1970 y 1980, sino que siguen siendo una práctica terrible, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
"En Colombia y en México, las autoridades no están haciendo frente a la cuestión de las desapariciones forzadas, pese a que sigue siendo un grave problema", ha señalado Guadalupe Marengo, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
"En ambos países, el gobierno no investiga de manera efectiva estos casos ni pone a los presuntos responsables de los delitos a disposición de la justicia. Esta impunidad no hace más que fomentar las desapariciones forzadas, pues sus autores creen que lo que hacen no trae consecuencias.
Mientras tanto, en otros países de la región –como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, El Salvador, Guatemala y Haití– sigue habiendo millares de personas en paradero desconocido decenios después de los conflictos internos y la represión política causantes de ello.
"Para que prevalezcan la verdad y la justicia, es absolutamente necesario que los familiares de las víctimas descubran su paradero", ha añadido Marengo.
"Importa cada persona. Entre las terribles cifras de miles desaparecidos yacen el dolor y el trauma de los familiares que los buscan."
México
En México se denunció la desaparición de más de 26.000 personas entre 2006 y 2012, en muchos casos a manos de las fuerzas de seguridad o de bandas criminales. La ausencia casi total de investigación en la mayoría de los casos impide que salga a la luz el verdadero número de desapariciones forzadas, en las que hay funcionarios públicos implicados. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está examinando 2.400 casos pendientes de desaparición forzada.
En un informe publicado en junio de este año, Amnistía Internacional documentó más de 85 casos emblemáticos de desaparición forzada de entre 152 casos registrados de personas desaparecidas o secuestradas.
"La impunidad sigue siendo casi total y, a pesar de las reiteradas promesas de las autoridades, la búsqueda de las víctimas es todavía infructuosa. El gobierno mexicano no parece comprometido realmente a poner fin a las desapariciones forzadas", ha afirmado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
"Las autoridades culpan enseguida a las bandas criminales de todas las desapariciones, sin asumir su responsabilidad directa de prevenir y sancionar los casos en que haya funcionarios públicos implicados ni su obligación de investigar todos los casos ante tribunales civiles ordinarios. A los familiares de los desaparecidos se les niega a menudo toda información, y con frecuencia se ven obligados a ocuparse ellos mismos de investigar, con grandes riesgos personales. Son las valientes y constantes demandas de verdad y justicia de los familiares las que mantienen viva la llama de la esperanza", ha explicado Knox.
Sólo en la ciudad norteña de Nuevo Laredo han desaparecido este año cuatro personas en un lapso de seis días, del 29 de julio al 3 de agosto, tras ser detenidas por la Marina en distintos puestos de control de toda la ciudad. Pese a que hay testimonios de testigos presenciales que confirman las detenciones, la Marina continúa negando su responsabilidad en las desapariciones y el gobierno no ha hecho nada para localizar a las víctimas.
Colombia
El largo conflicto armado interno de Colombia ha dejado tras de sí al menos 25.000 víctimas de desaparición forzada desde 1985. Según cifras oficiales, en 2012 se dieron más de 190 presuntos casos.
"Las desapariciones forzadas perpetradas por los paramilitares y las fuerzas de seguridad solos o conjuntamente han sido una característica de los 50 años de conflicto armado del país, y se sigue teniendo noticia de muchos casos", ha manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
"En muy pocos casos se ha llevado a los responsables ante la justicia. Es probable que las recientes medidas legislativas adoptadas para ampliar la jurisdicción militar hagan que resulte aún más difícil llevar ante la justicia a los presuntos responsables penales de abusos contra los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas."
Tanto México como Colombia han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero hasta ahora no han reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar denuncias individuales, lo que hace dudar de su compromiso de cumplir en la práctica con las obligaciones que han contraído en virtud del tratado.
En otros países de la región, las desapariciones forzadas no son ya tan frecuentes como anteriormente, pero siguen produciéndose.
Brasil
En Brasil sigue sin conocerse el paradero de Amarildo, albañil de Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro, a quien, según la información disponible, un agente de policía detuvo el 14 de julio tras confundirlo con un narcotraficante buscado. Varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han denunciado su desaparición.
La policía afirma que lo dejaron en libertad tras comprobar sus antecedentes penales, pero ningún familiar ni amigo suyo lo ha visto desde entonces, y las cámaras de vigilancia instaladas cerca de la entrada de la comisaría de policía grabaron la llegada de Amarildo, pero no su salida.
República Dominicana
El caso de Juan Almonte, en la República Dominicana, es tan emblemático como el de Amarildo, pero más antiguo y complejo. Contable y miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Almonte fue visto por última vez el 28 de septiembre de 2009, fecha en que, según testigos, unos agentes de policía lo detuvieron cuando se dirigía caminando a su oficina, en Santo Domingo.
La policía ha negado siempre haberlo detenido, y las autoridades no han atendido los reiterados llamamientos que han hecho la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Tras su desaparición, sus familiares y sus abogados denunciaron estar siendo vigilados por la policía desde automóviles y desde la calle, frente a sus casas. La hermana de Juan recibió también llamadas telefónicas anónimas en las que le advertían que no diera más publicidad a la desaparición.
Lima, 29 de agosto de 2013
